La bonificación no es imponible ni constituye renta para ningún efecto legal.
Se tuvo en consideración que la prisión y torturas que sufrió el actor fue a una edad temprana y que según han dicho los testigos le ha dejado secuelas permanentes, todo lo cual permite dar por establecido el sufrimiento y afección sicológica que ha debido soportar.
Deben existir antecedentes de violencia doméstica para justificar la suspensión de este derecho, ya que la mera privación de libertad de uno de los progenitores no basta por si sola.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que hizo lugar al incidente.
El Tribunal de alzada desestimó el recurso de nulidad impetrado en contra de los hechos asentados por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la isapre al negar la cobertura de los procedimientos médicos relacionados con el tratamiento del síndrome de Marfan, aneurisma aórtico y pericarditis aguda, que requiere el recurrente.
Las normas objetadas no resultan decisivas para acoger la solicitud de la requirente, desde que la Magistratura Constitucional no se encuentra facultada para pronunciarse sobre la interpretación que de la preceptiva legal objetada hace el juez de fondo.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado, en el procedimiento penal, vulnera garantías constitucionales.
El legislador utiliza la óptica del trabajador y no el de las empresas beneficiarias directa o indirectamente de su trabajo para definir la subcontratación.
Ante el denominado “abono heterogéneo”, el máximo Tribunal sostiene que los jueces de fondo deben otorgarlo en atención a los principios generales del derecho, en particular, el “in dubio pro reo”.
