El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, dictado por el 29° Juzgado Civil de Santiago, que descartó falta de servicio del centro asistencia.
La Corte estimó que, a partir del contenido de las obligaciones contractuales del cargo del trabajador, resultó indudable colegir que el cargo correspondía a uno de alta gerencia a nivel administrativo, con carácter directivo regional y dotado de facultades que podían comprometer seriamente los intereses e imagen corporativa de su representada (la empresa).
Presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, destacó el uso de herramientas que dispone la normativa y que posibilitaron acceder a información de organismos del Estado que permitió mapear la ruta de distribución del medicamento y los centros de salud públicos que los entregaron.
El Tribunal estableció que la denunciada incurrió en conductas contrarias a la libertad sindical al modificar unilateralmente la jornada laboral y la remuneración mensual que percibe el secretario de la organización gremial.
El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por considerar desproporcionada las resoluciones de expulsión adoptada por la autoridad.
La Sala inició el debate de la moción que busca establecer, entre otras medidas, que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público.
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
El recurrente alegó que, si bien el portón se construyó en la propiedad del recurrido, él siempre tuvo libre acceso al predio por ese camino y hoy, arbitrariamente, se le niega la entrada a su propiedad.
El tribunal estimó que la decisión fue ilegal y arbitraria.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación, seguido ante la Corte de Santiago.
