En la resolución, el Tribunal decretó la absolución de los funcionarios penitenciarios debido a que el Ministerio Público y los querellantes, no presentaron pruebas suficientes para acreditar la ocurrencia de los hechos en los términos planteados en la acusación.

Entre todos estos inculpados, existe la desafortunada coincidencia de que «disfrutaron» de una estancia carcelaria y, sin embargo, tras ser juzgados por un tribunal profesional y no contaminado, resultaron declarados inocentes, o no se pudo demostrar su culpabilidad.

Los reclamantes exponen que en la elección cuestionada se cometieron las siguientes irregularidades.

El autor considera que tal parece que habría siempre una aptitud negativa ante las reglamentaciones que de común acuerdo los clubes se obligan a respetar.

Con todo, el tribunal acogió la demanda subsidiaria de despido injustificado y cobro de prestaciones deducida en subsidio por la actora.

La gestión pendiente incide en autos infraccionales, seguidos ante el Juzgado de Policía Local de Ovalle, en actual conocimiento de la Corte de La Serena.

La decisión fue adoptada con la prevención de la Ministra Sandoval y el voto en contra del Abogado integrante Pallavicini.

La gestión pendiente incide en autos sobre juicio ordinario de cobro de pesos, seguidos ante el 15° Juzgado Civil de Santiago.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de propiedad e igualdad.