Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Obras públicas, transportes y telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de unificación de jurisprudencia
El máximo Tribunal señaló que, encontrándose expresamente reconocido por el recurrente que tomó conocimiento del descuento objeto del reproche en el mes de julio del año 2016, fluye que se ha superado con creces el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección para dicho efecto.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando, en actual conocimiento de la Corte de Rancagua, por recurso de apelación.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales a la igualdad ante la ley, a desarrollar actividades económicas y a la propiedad.
En su oportunidad, la Corte de Valparaíso indicó que no puede advertirse una actuación ilegal del recurrido que importe una vulneración a la libertad personal o seguridad individual del amparado.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar se declara que el recurso de protección deducido es admisible, debiendo dársele la tramitación correspondiente.
La requirente estima que el precepto impugnado vulneraría los principios de supremacía constitucional y de juridicidad.
El autor señala que la Corte Penal Internacional (CPI) está muy lejos de haber cumplido con las expectativas generadas cuando se sancionó. Un puñado de casos contradictorios, con enormes deficiencias de la Fiscalía, es el resultado de casi veinte años.
El recurrente fue cambiado del servicio de diálisis al de pabellón.
