El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la autoridad recurrida al denegar injustificadamente el visado de los menores.
La sentenciadora limitó infundadamente los medios que probatorios que permitían acreditar el cumplimiento de la obligación.
La Segunda Sala señaló que concurre la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC, esto es, cuando el requerimiento carezca de fundamento plausible.
La iniciativa persigue proteger a los consumidores ante el incumplimiento de empresas que ofrecen servicios de contratación de vuelos, hoteles y otros similares.
La sentencia recurrida contenía la posición jurisprudencial adecuada.
De esta forma, la autoridad administrativa descartó el actuar como un hecho que permita imputar la relación laboral de tales trabajadores a dichas empresas.
La seguridad social como la estabilidad laboral, son derechos indiscutibles e irrenunciables.
La iniciativa se funda en la existencia de un gran número de obras financiadas con recursos públicos que se encuentran abandonadas por las empresas adjudicatarias.
El Tribunal señaló que «no existen antecedentes calificados que permitan sostener que la libertad del imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad».
El proyecto será despachado el martes de la Comisión de Constitución y según se definió en reunión de comités, comenzará a ser discutido por el Pleno el miércoles para votarlo al día siguiente.
