La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Jorge Zepeda.
El Máximo Tribunal señaló que apareció de manifiesto que el recurrido reunió los requisitos exigidos por el Decreto Ley N° 321 para la concesión de libertad condicional.
Imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
El máximo Tribunal rechazó el recurso porque en la resolución impugnada no existe pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que acogió la demanda de cobro de pesos presentada por el hospital por $16.609.307.
El Tribunal estableció el actuar injustificado e improcedente de la demandada al no justificar la causal de necesidades de la empresa, al desvincular a la trabajadora.
El Tribunal de alzada consideró que la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se adoptó con infracción a la norma legal.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación deducido por la defensa de Claudio Espinoza, y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco, que dejó sujeto al imputado a la medida cautelar impugnada.
El Tribunal de alzada rechazó los recursos de apelaciones deducidos en contra de la sentencia dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Iquique, que ordenó pagar por concepto de daño moral un total de $50.000.000 al matrimonio.
La gestión pendiente incide en autos sobre sobre despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, seguidos ante el Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Cisnes.
