El máximo Tribunal ibérico consideró que los principios constitucionales que pueden resultar infringidos son el de seguridad jurídica, el de taxatividad de las disposiciones sancionadoras, y el de exigencia de precisión en la determinación de las sanciones de ese mismo precepto constitucional.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección por exceder las materias que deben ser conocidas por dicha acción.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Magistratura colombiana adujo que norma desconoce mandato constitucional de unidad de materia, pues falta de relación directa entre el artículo demandado y la norma que lo contiene.

La amparada señala que su hogar sufrió daños y fue amenazada por funcionarios.

El amparado se encuentra condenado por delitos contra la propiedad.

El amparado fue ingresado a un Hospital Psiquiátrico como medida de seguridad.

El decreto se basó en la formalización por un delito del que finalmente fue sobreseído.

Ambos amparados mantienen pendiente su proceso de regularización.

El objetivo principal del proyecto ingresado es que se incorpore a todos los asistentes de la educación pública a la protección de la ley.