El Tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad, tras establecer que la información solicitada no tiene carácter de reservada.
El máximo Tribunal descartó infracción en el fallo impugnada, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró prescrita la demanda.
El máximo Tribunal estableció infracción a las normas del debido proceso al no escriturar la sentencia, por lo que ordenó la realización de un nuevo procedimiento por juez no inhabilitado.
El Tribunal estableció la responsabilidad del municipio por falta de servicio, y de la empresa por no mantener correctamente la instalación, ordenándoles pagar la suma total de $52.800.000 a la víctima.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la casa de estudios y, por consiguiente, le ordenó entregar al recurrente los documentos y certificados académicos necesarios para la obtención del título de ingeniero comercial.
El máximo Tribunal estableció que la demora en el cobro del tributo atenta contra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua sólo en aquella parte que acogió la acción respecto de la infracción al artículo 246 del Código Penal.
La Sala del Senado respaldó el informe de la Comisión Mixta que, tras varias jornadas de análisis y de audiencias, concordó una propuesta que también fue ratificada por la Sala de la Cámara Baja.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Juzgado de Policía Local de Colina, en actual conocimiento de la Corte de Santiago.
En ningún caso se puede sostener que por el sólo hecho de emitir informes y depender jerárquicamente de un superior se esté en presencia de un contrato de trabajo.
