La Magistratura colombiana adujo que, el Acuerdo, al establecer el Instituto Global para el Crecimiento Verde como un organismo internacional dirigido a promover el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y emergentes, materializa los postulados constitucionales de ese país.

La falta de legitimidad pasiva del reclamado, se funda en el hecho que la acción si bien, individualiza el organismo en que se haya efectuado el acto eleccionario, no implica que ésta se la legitimada pasiva de la acción.

La acción legal fue interpuesta por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, tras la aprobación de la RCA del proyecto.

Finalmente el Congreso Nacional despachó la propuesta iniciada en mensaje que propuso un rescate único. Ésta fue perfeccionada en la línea de la reforma constitucional que está en el Tribunal Constitucional (TC).

El máximo Tribunal ratificó la resolución de primer grado que condenó a la demandada a pagar $20.000.000 por concepto de daño moral, a ingeniero agrónomo accidentado en huincha transportadora.

El Tribunal de alzada dejó sin efecto la sanción tras establecer que en la especie no se respetaron las normas del debido proceso.

La propuesta regula el comercio online y cualquier venta a distancia, transparenta las garantías de vehículos nuevos y establece una serie de beneficios en favor de los pasajeros afectados por un vuelo cancelado.

El Senado respaldó el informe, que contiene acuerdos en torno a protección complementaria, mujeres migrantes, prohibiciones imperativas, entre otros aspectos.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrio e ilegal de las recurridas al dilatar la suscripción del convenio.

El Tribual de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Policía Local de Buin.