Esto, a propósito de solicitud de la Municipalidad de San Pedro, que buscaba que se indique que ese órgano comunal se ajustó a derecho al adjudicar licitación pública, toda vez que, en su opinión, habría obtenido la aprobación tácita del concejo municipal.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, la inexistencia de una gestión judicial pendiente.

El recurrente señala que se encuentra en una celda en pésimas condiciones.

Cabe recordar que la demandante señala que la Minera al contravenir las medidas de cuidado y protección que le imponían la legislación ambiental y sectorial, que regula y condiciona su proyecto, provocó un derrame de petróleo.

De tal manera que inicie su vigencia en un contexto de normalidad post pandemia.

Los reclamantes alegan que la resolución cuestionada no consideró los posibles efectos en la salud, las emisiones acústicas del proyecto y, tampoco, que el Proyecto propuesta es fraccionado.

Además limita el acceso de los partidos a información personal y establece que todo dato relativo a la afiliación política constituye un dato sensible, limitando su tratamiento.

El máximo Tribunal de Brasil explicó que los órganos que integran el Sistema de Inteligencia Brasileño (Sisbin) solo pueden proporcionar datos y conocimiento específico a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) cuando se compruebe el interés público en la medida, descartando cualquier posibilidad de que estos datos sirvan a intereses personales o privados.

El Tribual de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la empresa, al instalar neumáticos, bloques de cemento, cadenas y el letrero «Prohibido el ingreso. Propiedad privada Naviport Ltda.2», en el acceso a la parcela de la parte recurrente.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción proteccional, tras establecer que el establecimiento no ha incurrido en ilegalidad, arbitrariedad o transgresión de alguna de las garantías constitucionales que los reclamantes estiman conculcadas.