La Corte de Santiago manifestó que, se desprendió que la actuación unilateral de la recurrida careció, de sustento fáctico y jurídico.
El recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 numeral 12 de la Constitución Política de la República.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
Contraloría adujo que no corresponde que este Órgano de Control intervenga en un asunto ya revisado por el organismo competente dentro del ámbito de sus atribuciones.
La sentencia indicó que la imposibilidad legal para que la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile accione en contra de las alzas en los planes de salud dispuestos por Isapre Banmédica no es una discriminación o diferencia arbitraria ni vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de los afiliados afectados por ese aumento.
El protocolo se encontraba en tramitación desde el año 2001.
La resolución se dictó en el caso Huaiquipán.
Los amparados habrían huído de un control de identidad.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Julio Pallavicini, quienes fueron de parecer de revocar el fallo en alzada y, en su lugar, rechazar el recurso de protección interpuesto, teniendo presente para ello sus propios razonamientos.
La Corte Suprema señaló que la autoridad obró en conformidad a sus atribuciones.
