La parte recurrente estimó vulneradas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
El recurrente estimó vulnerado su derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República.
Estimó que no se vislumbra ilegalidad o arbitrariedad que afecte la garantía constitucional que se pretende conculcada.
La gestión pendiente incide en autos de apelación de protección de que conoce la Corte Suprema.
La parte recurrente estimó vulnerado el derecho a un racional y justo procedimiento.
La gestión pendiente incide en juicio ejecutivo laboral, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Carlos.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
El máximo Tribunal descartó infracción en la actuación del personal de Carabineros que realizó control de identidad al condenado, tras recibir denuncia al fono drogas de la unidad policial.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción deducida por carecer el municipio de legitimación activa para deducir la acción de protección constitucional.
El Tribunal aplicó, además, a Dorado Zambrana las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 40 UTM y las costas de la causa.
