La empresa es titular del proyecto «Instalaciones Agroindustrial Agrícola Santis Frut», calificado favorablemente en 2003 (RCA N° 53/2003) por la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso. Sin embargo, en abril de 2012, debido a incumplimientos de las condiciones establecidas para el sistema de tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (Riles) la autoridad ambiental revocó su RCA.

La entidad advirtió a la autoridad los riesgos de estigmatización y discriminación que conlleva una opción de la app que permitiría denunciar a personas que hayan eventualmente incumplido cuarentenas.

Si una determinada y específica acción sanitaria no se está pudiendo implementar por no contar con datos, y de ello se deriva un aumento de los riesgos mencionados, se presenta entonces una tensión entre el deber de cumplimiento de la ley de datos y el deber de las autoridades de proteger la salud de la población.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que rechazó la demanda deducida por el Sindicato Nacional de Trabajadores Número 1 de Farmacias Ahumada.

El Tribunal de alzada ratificó, con costas, la sentencia dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la demandada pagar UF4.337, más IVA, la empresa de software Maximise S.A.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial y estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido al denegar la renovación del carné de identidad.

En declaración pública, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y el Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM) piden a los defensores públicos de la región instar por el uso restrictivo de la prisión preventiva y promover la sustitución de esta medida por la de arresto domiciliario total.

El Tribunal acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios, tras establecer la responsabilidad de los demandados, por falta al deber de diligencia y vigilancia.

El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la Junaeb al adjudicar el contrato de forma urgente, tras declarar desierta la licitación respectiva.

El máximo Tribunal acogió el recurso de casación y estableció la falta de servicio del establecimiento al provocar una lesión a la paciente que requería una cirugía de vesícula.