Se fijó la audiencia para escuchar a los postulantes para el próximo miércoles 20 de mayo.
La Corte de Arica indicó que, no cabe sino calificar el actuar del Banco recurrido como ilegal y arbitrario.
Esto, en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 en el territorio colombiano y, al incremento del contagio en dicho Establecimiento Penitenciario.
La gestión pendiente incide en proceso civil, seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recursos de casación en la forma y apelación.
La Corte de Chillán indicó que, la negativa a renovar la matrícula a una alumna apareció como desproporcionada y se opone al resguardo que debe darse al derecho a la educación.
La Corte Suprema señaló que, consta en los antecedentes aparejados al proceso que la recurrente se reincorporó a trabajar de manera normal desde el 13 de mayo de 2019, circunstancia que desvirtuó que ésta no sea apta para el cargo por motivos de salud.
El Tribunal de Alzada indicó que la actuación de la Dirección General de Movilización Nacional se enmarcó dentro de las facultades que al efecto previó la Ley de Control de Armas.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución.
La Corte de Apelaciones de Concepción indicó que no hay medidas de protección que la Corte pueda adoptar en atención a que lo perseguido escapó del marco del recurso.
La Magistratura Constitucional española concluyó que se deben retrotraer las actuaciones al momento anterior al de la sentencia anulada, para que el órgano judicial pronuncie nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
