“La actual línea de actuación de la Casa Blanca no ha hecho sino avivar las llamas de esta catástrofe humanitaria. Si el gobierno de Biden continúa sin rectificar el rumbo, las consecuencias pueden ser terribles, dado que se agravarían los ya atroces fallos para apoyar a la población afgana, incluidas personas que han arriesgado su vida y la de sus familias para prestar ayuda a Estados Unidos», afirma Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos.

La Ley 19.628 establece un derecho personalísimo al titular de los datos almacenados para solicitar un registro actualizado de éstos, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la anterior solicitud.

La recurrida no se pronunció sobre dichas solicitudes, limitándose a poner término al procedimiento mediante un correo genérico que nada dice sobre la situación concreta que afecta a cada uno de los actores.

Al decretarse nuevas diligencias por la SMA en aquel proceso sancionatorio, debió fijarse un plazo para ello y otorgar audiencia al administrado, pues son exigencias que velan por el debido proceso.

Contempla un efecto para la incomparecencia del abogado recurrente que carece de racionalidad, perjudicando a la parte, que pierde la oportunidad (ejercicio del derecho) de obtener la revisión de su condena.

Adoptar la tesis contraria implicaría incurrir en un gasto mayor al asignado para dicho ítem.

El apelante alegó ser un tercero ajeno al juicio declarativo que culminó con la sentencia que sirve de título ejecutivo en el proceso.

En los casos de retrocesos legislativos en el grado de protección de los derechos, debe verificarse que dicho retroceso persiga fines constitucionalmente imperiosos, sea idóneo, necesario y proporcionado.

La suspensión del derecho a sufragio debió haber provenido de una autorización judicial previa y no como consecuencia de una actuación administrativa realizada de oficio por el Tribunal.

Esta figura se puede entender como una cláusula penal en su beneficio en cuanto acreedora, permitida por el artículo 11 de la Ley 19.886 y el artículo 79 ter, inciso 1º, de su Reglamento.