Bono no les fue cancelado en razón de que los trabajadores denunciantes contaban con más de 180 días de licencia médica a la fecha en que debió pagarse.
Contraloría ordenó el reintegro de $23.674.024 pagados indebidamente.
La recurrida ejerció un acto propio de autotutela.
La recurrente aduce que la asistencia a citaciones judiciales es contraria al llamado de las autoridades de permanecer en los domicilios por la pandemia.
El pronunciamiento responde a la consulta realizada por un Sindicato Nacional de la AFP Plan Vital.
Los actores estiman que el decreto afecta su libertad de conciencia, ya que su bienestar y salud integral se basan en el equilibrio natural cósmico y se tratan a través de terapias alternativas.
A dichos actores no se les reconoce el carácter de ministro de fe.
Sin embargo, no procede que el cese en el cargo de Contralor Universitario opere por el solo ministerio de la ley como lo sostiene la Rectora, debiendo esta autoridad solicitar la aprobación de su remoción al Consejo Superior de esa casa de estudios superiores.
El recurrente ha sido condenado porque, junto con otros acusados, convocó masivamente a los ciudadanos para que acudieran a votar al referéndum del día 1 de octubre de 2017, con la finalidad de sustituir el legítimo marco jurídico establecido por la Constitución y el Estado de Autonomía por el diseñado por la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, cuya vigencia y aplicación había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal de alzada ordenó la realización de un nuevo juicio a fin de resolver la demanda de incumplimiento de una obligación laboral colectiva.
