Acusan que el Decreto N°97 del Ministerio de Educación fue dictado omitiendo lo acordado en los procedimientos de consulta indígena que se practicaron durante su tramitación.
El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada el pasado 11 de marzo por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que dispuso dejar sin efecto la cautelar de prisión preventiva.
El Colegio de Abogados afirma que que la suspensión de algunas causas, especialmente en materia civil, motivada por las restricciones legales existentes, ha sido en muchos casos excesiva, ocasionando una gran congestión que amenaza provocar un colapso cuando concluya el estado de catástrofe.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación, seguido ante la Corte de Santiago.
Los sentenciadores rebajaron la cuantía de la multa sin declarar la ilegalidad del acto impugnado.
La sentencia se dictó sin realizar una exposición clara, lógica y completa de los hechos probados y sin fundamentar de manera completa la valoración de todas las pruebas rendidas en juicio.
La Segunda Sala, señaló que, dado únicamente el estado procesal actual de la gestión judicial pendiente invocada, concurre la causal de admisibilidad prevista en el artículo 84 N° 6 de la LOCTC.
Adicionalmente, el tribunal declaró la unidad económica de dos de las demandadas.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Hace aplicables las reglas de paridad previstas para la Convención Constitucional en la declaración de candidaturas y la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados en el periodo legislativo 2022-2026.
