El Tribunal de alzada dio un plazo de 10 días a los recurridos para remitir informe sobre la materia. Además, rechazó la solicitud de dictar orden de no innovar.
El máximo Tribunal mantuvo la sentencia que condenó en costas a la recurrente pagar a la trabajadora una indemnización total de $15.901.208.
Autoridad municipal puede modificar dicho acto y precisar la superficie del bien nacional de uso público que se podrá usar.
La legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener judicialmente, en su caso, el reconocimiento del derecho que invoca y, mientras ellos no sean ejercidos y dispuesto lo pertinente por la jurisdicción, no resulta lícito a la recurrida valerse de vías de hecho para solucionar de mano propia el problema que dice afectarle.
El demandado debió adoptar las medidas para financiar los servicios médicos curativos de la lesión, activando, incluso, el seguro médico contratado.
Toda la evidencia recogida en el procedimiento respecto del acusado resulta ser ilícita, al haber sido obtenida al margen de la ley.
La resolución declaró que se ha causado daño ambiental a la vegetación, cauce y suelo de la Quebrada La Loma.
La sentencia de la Corte Suprema fue acordada con el voto en contra de la ministra Gloria Ana Chevesich.
El ente fiscalizador adujo que, asimismo, para la firma del contrato, es requisito una escritura pública con designación de apoderado con poder suficiente para representar a los integrantes de la misma.
La Corte Suprema señaló que, resultó inconcuso que los jueces de la segunda instancia, en el caso sub judice, no han dado cumplimiento a los requisitos legales.
