El Tribunal de alzada acogió la solicitud de los guardadores y ordenó la suspensión de los efectos de las resoluciones judiciales objeto del recurso y la entrega inmediata de la menor a los recurrentes.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Prado, en virtud de sus propias consideraciones.
El máximo Tribunal indicó que la resolución materia de la presente acción constitucional incurre en un vicio de origen, dado por el exceso de atribuciones que se adjudica para sancionar los hechos a que se refiere.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Romero, Pozo y Silva, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, el 19 de marzo pasado.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Prado y la Ministra Sandoval, quienes estuvieron por confirmar la sentencia apelada.
La iniciativa, remitida a segundo trámite, establece la obligación de elaborar estudios de impacto ambiental cuando los proyectos o actividades presenten esta forma de contaminación.
La propuesta, discutida a la luz del informe de la Comisión mixta describe un amplio listado de delitos relacionados con el ámbito sexual cometidos en contra de menores de edad que no serán prescriptibles a partir de la publicación de la ley.
La Comisión indica que en su aparición ante al tribunal eran evidentes los signos de tortura por los cuales hubiera pasado. Estaba en silla de ruedas, tenía las uñas ensangrentadas, no podía hablar y solo asentía cuando le preguntaban si había sido torturado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
