El Tribunal de alzada hizo lugar a la solicitud del recurrente y dictó orden de no innovar, permitiendo la reapertura del acopio de cenizas a la espera que se resuelva el fondo del recurso.
El Tribunal acogió la demanda presentada en contra de Pablo Alcalde Saavedra, María Isabel Farah Silva, Julián Moreno de Pablo, Nicolás Ramírez Cardoen y Pablo Fuenzalida May.
La instancia recibió a subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
La petición sugiere iniciar un proceso de análisis, discusión y consulta de la Carta Ambiental Interamericana y la Proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra o Planeta Tierra, propuestos por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, los actores de la sociedad civil y los pueblos indígenas.
Ante las manifestaciones que se anuncian para los próximos días, recuerdan que el Estado debe garantizar en todo momento el ejercicio del derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad de opinión y expresión, así como a participar en la dirección de los asuntos públicos y a defender los derechos.
Se concluye que estamos ya en condiciones de dotar a la Justicia de un modelo administrativo propio del siglo XXI que asegure su independencia y garantice en todo el territorio nacional una homogénea prestación del servicio público que presta.
El artículo analiza la participación que corresponde a los niños víctimas de delitos en el marco de un procedimiento penal.
El dictamen señala que no se observa que al recurrente se le hubiese conferido algún abono de tiempo por el accidente en acto de servicio que señala haber sufrido.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección, de que conoce la Corte de Santiago.
Intentaron persuadir al demandado para que suspendiera la aplicación, pero este no accedió a suspender la aplicación e indicó que no se haría responsable de lo que sucediera.
