La iniciativa tiene por objeto reemplazar el control interno sobre los fondos públicos del Congreso Nacional por un control externo de un órgano especializado, como la Contraloría General de la República.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso intentado por el Estado, al estimar que la sentencia impugnada se dictó sin infracción a la ley.
El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada tiene carácter público y es de interés general de la población; además que los recurrentes solo entregaron argumentos genéricos para solicitar su reserva.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó el pago indemnizatorio de $48.300.000 por concepto de daño moral por enfermedad profesional, a las empresas demandadas Aura Ingeniería Ltda., Agecomet SA, Incomin, Rinasa SA, M. Vidaurre y Cía. Montajes e Ingeniría Eléctrica SA, Consorcio SPH Ltda. y Sierra y Plaza Ingeniería; en tanto, Codelco División Andina deberá responder in solidum (por el total), de las sumas que correspondan a las empresas respecto de las cuales fue mandante.
El Congreso concluyó la tramitación de la moción de autoría del senador Ricardo Lagos y de los ex parlamentarios Carlos Montes y Jorge Pizarro.
El recurrente denuncia que no puede ejercer su trabajo de forma libre, ya que le fue aplicada la citada sanción, estando pendientes recursos sobre la misma.
El máximo Tribunal carece de las pericias pertinentes que permitan adoptar medidas como la paralización del proyecto del que es titular la empresa recurrida, a consecuencia de alguna vulneración a garantías por los hechos denunciados.
La infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso.
El recurrente sostiene que tal demora en el acto administrativo vulnera los principios de celeridad de la Ley N°19.880, y los artículos 3 y 8 de la Ley N°18.575.
La Contraloría General ha reconocido esta facultad de los alcaldes como propia de sus atribuciones.
