El recurrente alegó que el estado de alarma, supuestamente vulneró derechos fundamentales contemplados en la Constitución.
Otra personas fue condenada a cinco meses de prisión por vulnerar el confinamiento para robar shampoo y enjuague bucal.
El Tribunal Constitucional peruano señaló que, en el caso de máquinas tragamonedas, no existió la posibilidad de que el impuesto sea trasladado al consumidor de manera individualizada.
Corte de Valdivia señaló que no existe discriminación arbitraria hacia los recurrentes ya que conocían la forma de evaluación desde su incorporación a sus estudios universitarios.
Corte de Punta Arenas señaló que hechos no son susceptibles de ser conocidos en sede de protección.
Corte de Arica estimó que no existen claras vulneraciones y que argumentos de la recurrente serían sólo prejuicios.
Corte de Santiago señaló que no existe un derecho indubitado que resguardar.
Corte de San Miguel señaló que la protección no es la vía idónea para impugnar estas decisiones administrativas.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2 y 16 de la Constitución.
El fallecimiento del trabajador se produjo en el lugar del accidente y la prueba no permitió determinar el tiempo trascurrido entre el atrapamiento y la muerte, ni si acaso en ese lapso estuvo o no consciente y por lo tanto si sufrió dolor físico y psicológico, ni tampoco se determinó un tiempo de agonía.
