La iniciativa se funda en las dificultades para poner término a los contratos y dar de baja servicios de telecomunicaciones.
El Tribunal ordenó a los demandados pagar solidariamente una indemnización total de $19.212.447 a las víctimas del choque por alcance.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y discriminatorio del servicio recurrido al no reconocer la filiación entre los solicitantes y la causante fallecida.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Policía Local de Coyhaique, aumentando la indemnización por daño moral a $2.000.000.
La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.
Las acciones de ejercieron en contra de la Municipalidad de Maipú.
Los procedimientos para otorgar visas de responsabilidad democrática se habrían cerrado, por haber superado el plazo debido a la emergencia sanitaria.
La gestión pendiente incide en proceso civil, seguido ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Talca.
La sentencia aclaró que, el elemento más relevante en la determinación de la filiación del niño nacido por TRHA es el de la voluntad o decisión de que ese ser naciera, no sólo en cuanto causa eficiente última e infungible, sino porque los demás elementos biológicos pueden ser sustituidos todos, pero lo que nadie puede suplir en cada caso concreto para un determinado nacimiento es el acto de voluntad en ese sentido de una pareja.
Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactor el Ministro Aróstica.
