CS rechaza unificación de jurisprudencia relativa a la procedencia de la nulidad del despido cuando la relación laboral es declarada judicialmente.
El recurrente no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 483-A del Código del Trabajo.
El recurrente no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 483-A del Código del Trabajo.
La resolución del órgano fiscalizador incumpliría los principios conclusivos y de celeridad del procedimiento administrativo.
La actividad policial objetada, al contrario de lo afirmado, ha sido desplegada dentro de los márgenes que la ley le confiere.
La Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto, iniciado en mociones, que adecua las penas del ámbito de la criminalidad económica, castigando los delitos con multas y con penas de reclusión parcial y efectiva de cárcel. La iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución por ser objeto de indicaciones.
La Sala del Senado ratificó -por mayoría de votos- la recomendación que realizaron las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo, en orden a rechazar en general el texto legal para buscar un acuerdo en una instancia mixta junto a diputados y el Ejecutivo.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio tras establecer que los funcionarios públicos a contrata pueden denunciar la afectación de sus derechos constitucionales mediante el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.
El Tribunal de alzada descartó ilegalidad en el proceso sancionatorio y que se haya cumplido el plazo de prescripción de la acción.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial presentada por vecina del sector norte de la ciudad, tras establecer que los trabajos efectuados por personal de la firma sanitaria no han tenido la aptitud suficiente para permitir el restablecimiento del normal funcionamiento del sistema de alcantarillado.
La Sala aprobó legislar para que los pacientes terminales reciban medicamentos que les permitan aliviar su dolor recibiendo atención médica especializada. Hoy, solo los enfermos oncológicos acceden gratis a estas prestaciones.
Obligar a transferir dinero de propiedad de las compañías contraviene la ley del contrato, el valor de la seguridad jurídica y los atributos y facultades esenciales del dominio.