El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de la ciudad, que acogió la querella infraccional y demanda civil deducida en contra de la empresa Aguas Antofagasta S.A.
Explicó que están buscando formas de «prevenir que operaciones que normalmente hubieran entrado al sistema, se nos queden fuera producto de la baja de las ventas por la pandemia» .
El Tribunal acogió las reposiciones planteadas por la Defensoría de la Niñez y de la Defensoría Penal Pública y declaró inadmisibles las querellas presentadas por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Municipalidad de Villa Alemana.
El máximo Tribunal dio plazo de 15 días, contados desde que el fallo quede ejecutoriado, para que Gasoducto del Pacífico se pronuncie conforme a la legislación vigente, de manera fundada, formal, clara, directa, completa y suficientemente, si mantiene o modifica las condiciones establecidas en el certificado de factibilidad técnica de conexión del proyecto de la recurrente.
El máximo Tribunal estableció que desde 2012, la empresa sanitaria ha atentado contra la salud y la garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación de los vecinos de la planta.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario en la resolución que rechazó el acceso a las grabaciones que, tras 30 días, son borradas por ley.
El Tribunal estableció el incumplimiento del empleador de las obligaciones contractuales, bajo el argumento de fuerza mayor derivada de la situación generada a partir del 18 de octubre del año pasado.
Al restringir el acceso al registro a los actores se incurre en una arbitrariedad e ilegalidad contraria a la igualdad.
Se aplica a la totalidad de las trabajadoras del país independiente de si el trabajo se ejecuta en el ámbito público o privado.
La necesidad de que la autorización para la actuación de un agente revelador debe ser determinada en una persona en especial no tiene asidero.
