La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales a la vida y la integridad física y psíquica, y a la propiedad.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, de que conoce la Corte de San Miguel.
Supone una actividad que requiere el concurso de varias sujetos dispuestos a culminar el fin perseguido.
La gestión pendiente incide en autos criminales, seguidos ante el Ministro de Fuero Lamberto Cisternas Rocha.
Yerra la sentencia de la Corte de Santiago al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la denunciada.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió la demanda respecto del cobro de gastos comunes, pero no de las multas derivadas.
El máximo Tribunal ordenó la realización de un nuevo juicio oral simplificado, tras establecer que la norma legal exige que la sentencia sea registrada por escrito íntegro.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la comisión recurrida al considerar en el cálculo el subsidio maternal que recibió la peticionaria, que corresponde a un beneficio previsional y no renta, lo que incrementó en casi 40 mil pesos el pago de cuota.
El Tribunal de alzada estableció que el homicidio de Aburto Gallardo corresponde a un delito común y no un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, se encuentra prescrito la responsabilidad penal y civil.
El Tribunal de alzada desestimó la acción judicial deducida por la Sociedad Gastronómica Kiel Limitada, tras establecer que el camino Las Cahuellas es un bien nacional de uso público.
