Las gestiones pendientes inciden en recursos de protección, seguidos ante la Corte de Concepción.
Estos fueron presentados en contra de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados por la aprobación del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP 11.
El Tribunal aplicó, además, una multa a beneficio fiscal ascendente al 50% del monto sustraído, esto es, $2.400.000 (49,634 UTM), respecto de Mamani García, en tanto, para Calle Llave, una equivalente al 10% de lo sustraído, esto es, la suma de $480.000 (9,927 UTM).
El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada el 16 de marzo pasado, tras establecer que en el fallo impugnado se realizó una correcta valoración del Derecho y las pruebas.
La propuesta, que fue nuevamente analizada por la instancia por haber sido objeto de indicaciones, establece como delito el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile.
Suele asociarse la violencia sobre la mujer sobre todo acto violento que lleva a cabo un varón sobre el otro sexo, sin embargo, a la luz de la actual legislación el concepto puede ser diverso según el ámbito en el que se aplique o el lugar en el que se esté afirmando.
La gestión pendiente incidiría en juicio ejecutivo de obligación de dar, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Viña del Mar.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del derecho de propiedad.
La actora invocó el artículo 489 del Código del Trabajo.
El recurrente fundó su recurso en la causal del artículo 477 y en el artículo 12, todos del Código del Trabajo.
