El condenado realizó todas las acciones necesarias para apropiarse del teléfono celular que la víctima portaba, acometiéndolo de manera sorpresiva. El objetivo no se cumplió debido a una circunstancia ajena a la voluntad del agresor.
La incorporación de dicha prueba al juicio supone que ella sea inteligible y susceptible de ser comprendida por los intervinientes, peritos, testigos y por cierto para el tribunal, factor que no se verifica si dichas pruebas -en este caso las cartolas que refiere el recurrente- se encuentran otorgadas en un idioma distinto al castellano y sin traducir válidamente.
No fue desvirtuado el documento de la Agencia de Seguridad de la Aviación de la Unión Europea, por lo que no se puede cuestionar que la empresa adjudicada no cumpliera con el requerimiento técnico de las aeronaves para incendios forestales. Se acreditó que las aeronaves cumplen con el requisito técnico de tener una capacidad de transportar un mínimo de 2500 litros de agua establecido por las Especificaciones Técnicas.
El documento propone, entre otros, un plazo máximo de 60 días para que se pueda reconocer la calidad de refugiados y, en casos calificados, el Subsecretario del Interior podrá ampliarlo.
La Segunda Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso, tras establecer que no existe vulneración de derechos fundamentales al rechazar la implementación del cruce solicitado y por corresponder la vista y resolución del asunto de marras a un proceso de lato conocimiento.
La Segunda Sala del tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario de la recurrida que a cambio de la receta le entregó al cliente un vale o váucher con la prescripción, dosis y fecha del próximo despacho.
También los congresistas aprobaron la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) y el seguro catastrófico asociado. La idea es que los pacientes que migren a Fonasa, puedan atenderse con sus prestadores habituales.
Con ocasión de la presentación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por actos genocidas del Estado de Israel en la Franja de Gaza, se explica la acción procesal a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, se propone la suspensión del debate acerca del tipo penal internacional y, en base a jurisprudencia de la propia Corte, se analiza el “riesgo de genocidio” como factor de competencia prima facie y estándar de suficiencia cautelar.
El requirente sostiene que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de la víctima a perseguir penalmente el delito, desde que se limita la capacidad del juez de controlar la actividad del Ministerio Público al ejercer las facultades que la ley le entrega en el ejercicio de la acción penal, ya que la decisión de no perseverar no puede ser sometida a escrutinio judicial.
Al alterarse la tramitación regular del procedimiento sancionatorio, las medidas disciplinarias, formativas y reparatorias aplicadas no fueron adoptadas en el marco de un debido proceso, por lo que se constata una afectación a la garantía de la igualdad ante la ley.
