El requirente alega que se permite que el juez autorice arbitrariamente el remate de un bien de su propiedad, vulnerando sus garantías constitucionales.
Considerando que el recurrido dio cuenta de que procedió a eliminar la publicación y que lo solicitado por la actora es su eliminación, no existe en la actualidad ninguna medida de protección que pudiese adoptarse en resguardo de sus derechos.
El máximo Tribunal consideró que la pretensión de la defensa resulta ajena a los supuestos y fines de la acción otorgada por el artículo 21 de la Carta Fundamental.
El funcionamiento adecuado de la administración pública constituye un bien de índole constitucional cuya protección podría justificar la limitación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, así como la intervención del derecho penal.
La iniciativa se basa en no desconocer el efecto negativo que pueden tener las letras de muchas de las canciones por contener textos violentos, sexualmente sugestivos u otros elementos preocupantes.
El requirente alega que se le aplica una sanción de forma automática que ignora sus circunstancias particulares, afectando gravemente sus garantías constitucionales.
Las interesadas se desempeñaron como prestadoras de servicios a honorarios y luego pasaron a ocupar una plaza como contratadas, consecuencia de un concurso dispuesto por la autoridad.
Para conocer la identidad y datos de un testigo reservado, la defensa debe argumentar que tal información es necesaria para contraexaminar su testimonio, lo que en la especie no ocurrió.
La petición de información emplaza a las FF.AA., Carabineros de Chile y a la “Inteligencia de Chile”, pero sólo se confirió traslado a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
La decisión de una fundación turca de no pagar plusvalías a la viuda de un miembro fallecido vulneró el principio de no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho de propiedad.
