El Tribunal de alzada declaró inadmisible la acción judicial que buscaba que se ordenara la entrega de fondos de la cuenta de capitalización individual, tras establecer que el actuar de la AFP no constituye una vulneración de garantía constitucional.
El máximo Tribunal ratificó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que recurso de nulidad impetrado en contra de la resolución que acogió la acción.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ratificó la multa de 105 UTM alpicada a la empresa.
El Tribunal de alzada declaró inadmisible la acción judicial que buscaba que se ordenara la entrega de fondos de la cuenta de capitalización individual, tras establecer que el actuar de la AFP no constituye una vulneración de garantía constitucional.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que condenó a Manuel Sánchez Oyarzo, aplicando en la especie la denominada «Ley Emilia».
El Tribunal estableció la responsabilidad por falta de servicio del centro asistencial por el diagnóstico errado y, además, extraviar la ficha clínica de la demandante.
El Tribunal condenó al establecimiento educacional a pagar una multa a beneficio fiscal de 50 UTM, tras establecer que la medida de cancelación de la matrícula adoptada constituye un acto de discriminación arbitraria y sin justificación razonable, al basarse en hechos que no fueron establecidos en un procedimiento interno que respetara el debido proceso.
La iniciativa busca, además, facilitar la individualización y sepultación de los seres en gestación que mueren antes del alumbramiento o bien antes de encontrarse completamente separado de su progenitora.
La instancia despachó a la Comisión de Hacienda la iniciativa conocida como «ley corta», que surgió luego de la crisis de los medidores y que refundió un mensaje del Ejecutivo con una moción. En la votación, se logró poner piso y techo a la tasa de descuento de las empresas de distribución eléctrica.
La propuesta toma como base la actual investigación a una serie de hechos de corrupción al interior del Ejército, en donde ya un juez tuvo que abandonar la causa por vencer el límite establecido en la legislación vigente para abocarse al caso y en que su sucesora se ve próxima, nuevamente, a ese tope de tres años.
