La decisión de utilizar la facultad establecida en el inciso 3 del artículo 80 de la Constitución Política de la República se rechazó, por lo que la causa disciplinaria que encabeza la ministra Rosa María Maggi sigue vigente.
Al aplicar las reglas inherentes a la precariedad de los empleos a contrata a una relación jurídica que sustancialmente no posee tal calidad, debe concluirse que la conducta de la recurrida es ilegal.
El Tribunal de alzada ratificó con costas la sentencia impugnada, dictada por el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, que desestimó la acción presentada.
El Tribunal condenó a la empresa a pagar una indemnización de $28.000.000 a trabajador que sufrió serias lesiones en pie derecho, por la caída de bobina de más de 500 kilos de peso.
El ente contralor precisó que, el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, concede a quienes hacen uso de licencia médica el derecho a continuar recibiendo el total de sus rentas, solo si el funcionario permanece ligado laboralmente.
El Tribunal de alzada acogió un 66% de las solicitudes presentadas.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución del Primer Juzgado Civil de Coyhaique que en agosto del año pasado, ordenó el pago indemnizatorio de manera paralela al proceso penal que condenó a Ortega Ruiz.
Sin perjuicio de ello, el órgano contralor ordena a la institución informar respecto del eventual pago de dicha asignación que sí se habría realizado a algunos oficiales en igual situación.
La demandante denunció la vulneración de la libertad de trabajo y de contratación y el derecho al honor.
Los hechos del caso se vinculan con la presunta administración infiel de los recursos de un organismo descentralizado de la administración pública nacional argentina.
