La decisión fue acordada con los votos en contra de los Ministros Valderrama y Künsemüller, quienes fueron del parecer de revocar la resolución apelada.
El máximo Tribunal determinó que la decisión de poner término anticipado a la contrata del recurrente configuró un acto ilegal y que afectó el derecho a la igualdad ante la ley que garantiza el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
El fallo indicó que no constituye el denominado recurso de amparo económico un medio idóneo para salvaguardar la garantía fundamental reconocida en el artículo.
La recurrente estimó vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 número 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.
Se estimó que resulta improcedente revisar mediante esta acción constitucional un fallo dictado por otra Corte en un procedimiento legalmente tramitado.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de nulidad seguidos ante la Corte de La Serena.
La jueza de primera instancia no dio lugar a la apelación por preclusión, aduciendo que la resolución fue dictada en audiencia y al no haberse recurrido en la misma, precluyó el derecho de apelar.
Recurrente estimó vulnerada la garantía establecida en el artículo 19 número 24.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Valderrama quien fue del parecer de confirmar la resolución apelada.
La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Sergio Muñoz.
