La Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y el Reglamento de la Cámara Alta definen los plazos y procedimientos que se deben seguir.
El Tribunal acogió la acción deducida, tras establecer que el actuar de las demandadas vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario, desproporcionado y abusivo de la aseguradora al remitir insistentemente las misivas por la supuesta obligación.
El Tribunal ordenó al municipio pagar al demandante la suma de $10.000.000, por concepto de daño moral, entre otras medidas reparatorias.
El Tribual acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios, solo en cuanto se condena a la empresa Auto Akai S.A., a pagar al demandante la suma de $15.500.000, por concepto de daño emergente.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que los hechos denunciados afectan el derecho de propiedad de los recurrentes.
Conocer esos gestos es esencial para abogados, jueces y fiscales porque gracias a ellos se puede detectar, con cierta seguridad, cuándo un sospechoso dice o no la verdad.
Respecto a si puede algún proveedor no ofrecer la portabilidad, el texto asegura que no. La portabilidad es un derecho para el cliente, y cualquier cláusula en contrario se entenderá por no escrita.
Según consta en el respectivo certificado, quedó pendiente la adopción del acuerdo, por falta de tiempo.
El máximo Tribunal señala que los actos del Alcalde amenazan la independencia e imparcialidad judicial.
