La moción –respaldada por la unanimidad de la Sala del Senado- reconoce a cada una de las mujeres pilotos chilenas que han prestado sus servicios tanto en la aviación nacional como en la aviación mundial, oficializando el día 26 de julio.
El desarrollo de las plataformas digitales en los últimos años suscitó varias cuestiones legales vinculadas principalmente con la protección de los usuarios. En este sentido, la Unión Europea redactó un conjunto de normas para regular el mercado digital y las conductas que deben cumplir dichas plataformas en una sociedad democrática, especialmente cuando por medio de ellas se producen daños por la difusión de información falsa, engañosa o sesgada o desinformación.
La Universidad San Sebastián destacó labor docente del ex ministro de la Corte Suprema y profesor de la carrera Derecho Vespertino, durante la presentación de su libro “Las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal en el código chileno”.
La propuesta establece, entre otros puntos, que cada institución deberá elaborar e implementar un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses.
En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recuerdo del asesinato de las hermanas dominicanas Mirabal durante la dictadura de Trujillo.
En este predicamento, las imputaciones de desacato a lo dispuesto en los artículos denunciados en el arbitrio no pueden por sí solas servir de apoyo idóneo al remedio recursivo que se examina, por ser una condición fundamental de éste que el yerro jurídico invocado influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo, exigencia que no se cumple en la especie.
La publicación analiza los fallos más importantes del año 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. El libro será presentado por el Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer.
La requirente estima que la aplicación de los preceptos objetados vulnera la esencia del debido proceso y la garantía de igualdad; así como también el derecho a la educación y el derecho de propiedad.
A su vez, la empresa prestadora del servicio no puede oponerse a ello.
El cobro denunciado no se contrapone a la rehabilitación financiera consagrada en la Ley 20.720, por lo que no ha lesionado ninguna garantía constitucional.
