Al exigir que se acreditara la negligencia de la inmobiliaria, el Tribunal de Alzada aplicó erróneamente la Ley General de Urbanismo, pues aquella probanza no es necesaria en este tipo de responsabilidad.
Se trata de un asunto eminentemente técnico que la ley les ha encomendado directamente, por lo que no le corresponde al órgano contralor fiscalizarlo.
Una vez que las normas legales han entrado en vigencia, resulta pertinente examinar en qué medida estas han influido en la sociedad y si alcanzan o no los objetivos inicialmente propuestos, lo que solo es posible determinar mediante una evaluación posterior a su entrada en vigencia que dé cuenta de sus resultados.
La sentencia judicial que declara una relación laboral sólo constata un hecho preexistente.
La labor de los defensores de derechos humanos se supone en sí misma muy riesgosa, en vista de la exposición física y pública que ella conlleva, y los muchos intereses contrapuestos a tales actividades.
El Tribunal General no debería haber anulado el mantenimiento de Hamás en dicha lista bajo la excusa que el Consejo no había autorizado mediante una firma las exposiciones de motivos individuales de dichos actos.
El uso de colorantes ha provocado alarma en la salud pública, por los efectos adversos que estos pueden generar, lo que ha sido demostrado por diversos estudios que se han realizado a lo largo del mundo durante las últimas décadas.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad, argumentando que el tribunal de primera instancia aplicó el régimen jurídico excepcional de la Ley 21.226 que regula las actuaciones y plazos judiciales en el marco de la pandemia por Covid 19.
Doctrinariamente, este recurso es definido como el acto jurídico procesal de una parte agraviada, tendiente a obtener del tribunal ad quem la invalidación de una sentencia, por haber sido pronunciada por el tribunal inferior con prescindencia de los requisitos legales, o por emanar de un procedimiento viciado al haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece.
El organismo intervino tras negativa de la Superintendencia de Salud a la publicidad de antecedentes asociados a procesos de fiscalización o auditorías por empresa fundamentales para su supervisión.
