El máximo Tribunal descartó infracción legal en la resolución que rechazó la solicitud de registro.
El ministro condenó a Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Bertalino Segundo Castillo Soto, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez y Alejo Esparza Martínez a 5 años y un día de presidio efectivo.
El Tribunal de alzada ordenó a la isapre otorgar a la recurrente el medicamento Revlimid o Lenalidomida y reembolsar los gastos en que hubiera incurrido para adquirir el medicamento.
El Tribunal de alzada acogió la acción de protección presentada por los apoderados, tras establecer que las reiteradas emanaciones vulneran las garantías constitucionales de los párvulos a la integridad física.
La propuesta entrega la definición de conceptos fundamentales para el entendido de esta ley, como por ejemplo qué se entiende por enfermedad terminal, y elabora un listado de derechos que poseen las personas en dicha situación y las responsabilidades que le caben al Estado en la materia, en el marco de sus posibilidades.
La Comisión ha recibido información según la cual presenta que, desde el inicio del presente año hasta el 9 de julio de 2019, han ocurrido 21 muertes violentas de personas LGBTI en el país.
La Corporación destacó la decisión de Sebastián Piñera de requerir a las Naciones Unidas que ponga a disposición de la Corte Penal Internacional, las conclusiones, antecedentes y evidencias del informe dado a conocer recientemente sobre la situación de derechos humanos existente en ese país.
La senadora Rincón manifestó que «nuestro Comité va a pedir una sesión especial para poder escuchar a las autoridades desde el punto de vista del manejo de la crisis y además para ver cuáles pueden ser las soluciones legislativas, respecto de las responsabilidades de las empresas sanitarias y cómo nos hacemos cargo de la continuidad del servicio y las compensaciones».
La ley regirá 120 días después de que se publiquen los reglamentos necesarios para su aplicación*.
Los requirentes estimaban que los preceptos impugnados vulneran la igualdad ante la ley y el debido proceso.
