La resolución agrega que en el proceso no se ha acreditado por quien debía hacerlo -esto es, el denunciado y demandado- que en este caso se envió a la denunciante y actora una tercera clave.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo deducidos por la inmobiliaria en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
El máximo Tribunal condenó al establecimiento educacional a pagar una indemnización de $4.000.000 a la demandante por incumplimiento de contrato.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el 12 de febrero pasado por el Juzgado de Garantía de La Serena, y ordenó la continuación de la causa por juez no inhabilitado.
El llamado al Ejecutivo busca incorporar estándares de probidad y transparencia en la elección de autoridades, para que estas se encuentren en un estado óptimo para ejercer sus atribuciones y cumplir con sus funciones.
La petición al Ejecutivo se basa en la existencia de casos constatados de abuso de este derecho que se otorga a los funcionarios a lo largo del país.
Los legisladores pondrán en tabla el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el objeto de fortalecer la transparencia en la distribución de energía.
Se estimó que los hechos descritos, eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías constitucionales.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Muñoz y Aránguiz, quienes fueron del parecer de revocar la sentencia en alzada y en su lugar acoger el recurso de protección.
La óptica del Derecho Privado se alteró profundamente a lo largo del siglo XX, hasta llegar a una verdadera función social del derecho privado.
