La discusión se limita a la necesidad o proporcionalidad de la medida cautelar impuesta, en atención a los antecedentes del amparado, a la dinámica de los hechos y la participación que en ellos corresponde al mismo.
La magistrada recurrió, previa solicitud del Ministerio Público, a la figura cautelar prevista en el inciso 1° del artículo 127 del Código Procesal Penal, razón por la cual no se avizora conculcación ilegal al derecho a la libertad personal y seguridad individual del amparado.
La norma pretende disminuir los tiempos de tramitación e incorporar elementos disuasivos más eficaces. Además de fortalecer atribuciones relativas al cumplimiento de medidas ordenadas por la DGA.
La instancia deberá abocarse a analizar la participación de los órganos del Estado en la considerada mayor operación para defraudar al fisco en la historia nacional, con más de 240 mil millones de pesos involucrados.
La instancia sesionará hasta total despacho, con el objeto de pronunciarse sobre temas como el destino del 6% de la nueva cotización adicional.
El flamante proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo impulsa los juicios por jurados en materia penal y cuenta con una particularidad: establece que los magistrados deberán usar toga negra y martillo para la conducción de los debates.
La accesibilidad es un derecho avalado por normativas europeas, estatales y regionales y un requisito imprescindible que deben cumplir todos los establecimientos abiertos al público para garantizar la seguridad y la autonomía de todos sus clientes. Aún así, muchos comercios todavía no se ajustan a ella.
La Superintendencia del Medio Ambiente advirtió que, ante el aumento de temperatura, el objetivo es que se implementen todas las medidas comprometidas, a fin de evitar y controlar posibles efectos generados por malos olores.
El D.L. N° 2.695 ofrece un método equilibrado para resolver conflictos entre la posesión inscrita y la material, respetando así los principios constitucionales, siendo un mecanismo justo y necesario para abordar situaciones donde la posesión material no está reflejada en los registros formales, protegiendo a los poseedores materiales que, a pesar de no tener una posesión inscrita, han mantenido un control efectivo sobre la propiedad.
La magistratura estimó que la recurrente carece de un derecho indubitado, pues la universidad en ningún momento le impidió finalizar sus estudios de postgrado por deudas pretéritas, sino porque le faltaba cursar el último módulo contemplado en la malla curricular.
