Se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La gestión pendiente incide en autos ejecutivos seguidos ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Viña el Mar, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El reclamante expone que su participación en la actividad de entrega de un estanque de 1000 litros para un comedor comunitario no constituye donación ni erogación alguna.

Se suspendió el procedimiento que se sigue ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El ente contralor indicó que este hecho tuvo mérito suficiente para configurar la infracción reprochada.

La gestión pendiente incide en un reclamo de ilegalidad, de que conoce la Corte de Santiago.

Desestimó en su totalidad los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Minería y Energía del Senado.

La sentencia señaló que la frase «sin necesidad de orden previa» es inconstitucional.

El plazo inicial para pagar las facturas es de 60 días y 25 meses después de la publicación de la ley se aplicarán los 30 días. La publicación en el Diario Oficial fue 16 de enero de 2019.