La amparada consideró transgredidas las garantías contenidas en los artículos 5° y 19° N° 7 de la Constitución Política, en relación al artículo 7°, N° 7, del Pacto San José de Costa Rica.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Juan Manuel Muñoz Pardo.
Se estimó que la resolución recurrida no puede ser calificada como contraria a derecho, puesto ha sido dictada por el juez en uso de sus atribuciones y ajustándose a las facultades que la ley le ha conferido.
El recurrente estima vulneradas las garantías a la igualdad ante la ley, la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, y el derecho de propiedad.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento de tutela laboral, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Muñoz, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada.
El amparado pidió que se tuviera presente esta acción de amparo considerando su estado de salud.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación de amparo, de que conoce la Corte Suprema.
Una comparación saludable nos servirá para imitar aquellas actitudes de los demás que han dado resultado positivo.
El máximo Tribunal confirmó la resolución recurrida, dictada por la Corte Marcial, que rechazó la acción cautelar.
