El máximo Tribunal indicó que la acción penal hecha valer y su expulsión del país mediante la Resolución N° 274 de 28 de febrero de 2019, requiere de una carga argumentativa superior a la meramente formal.
El Tribunal estimó que la empresa de mantenimiento de ascensores no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen una duración superior a tres años.
La gestión pendiente incide en juicio de desposeimiento, seguidos ante el Sexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
La Primera Sala del Tribunal de alzada estimó que, antes de resolver el recurso, era indispensable presentar una consulta al Tribunal Constitucional para que, en este caso en particular, determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500, en oposición al derecho de propiedad garantizado por la Constitución.
En la audiencia, el magistrado aprobó el procedimiento simplificado propuesto por el Ministerio Público, dictando condenas que, en el caso de Cataldo San Martín y Núñez Cabrera, consideran la remisión condicional de la pena por el término de un año.
A la eléctrica se le imputan cuatro cargos por incumplimientos ocurridos entre 2016 y 2018, entre ellos superar los límites de generación bruta y superar los límites máximos de ruido en horario nocturno.
El ministro en visita condenó al coronel de Ejército en retiro Cristián Labbé Galilea, como autor del delito de aplicación de tormentos de Harry Edwards Cohen Vera.
El máximo Tribunal condenó a Asher Gustavo Gruen Risopatrón, Bernardo Inzunza Bustamante, Miguel Ángel Llévenes Rebolledo y Jaime Claudio Alejandro Barra Velásquez a la pena de 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como autores de fraude al Fisco.
El Tribunal estableció que las compensaciones que pagan las empresas eléctricas no son gasto necesario.
EL Tribunal de alzada confirmó la sentencia que el tribunal es incompetente para analizar la demanda en contra de empresas mineras.
