No puede el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, aplicar una atenuante de responsabilidad, que requiere sea acreditada, en un juicio oral, público, contradictorio.
Robles, experto en derecho laboral, recuerda que lo que sí puede hacer el empresario es tomar medidas para evitar que las relaciones sentimentales afecten de forma negativa en el trabajo. Por ejemplo, cambiar de puesto de trabajo, pero ello no puede suponer ninguna movilidad funcional o modificación sustancial de su jornada laboral, horario o condiciones económicas.
Vulnera los derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, a la defensa jurídica y al debido proceso legal, en su vertiente, del derecho al recurso.
La materia en examen ha sido sometida a un procedimiento jurisdiccional que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos.
Esta Corte comparte el criterio de calificarlas como gravísimas, sobre todo cuando se ejecutan en su modalidad de ciberbulling, en atención a los perniciosos efectos que genera. Además, el asunto está siendo conocido por la Superintendencia de Educación y no existe ninguna medida de urgencia que la Corte pueda adoptar.
El daño que se indemniza no es el material correspondiente al hecho acaecido sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, la presunción de inocencia y los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, desde que, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, en el que se regula en forma detallada los requisitos para que el tribunal acceda a medidas cautelares, el precepto impugnado sólo exige que la víctima acredite su dominio con un certificado para tal efecto.
La discusión se limita a la necesidad o proporcionalidad de la medida cautelar impuesta, en atención a los antecedentes del amparado, a la dinámica de los hechos y la participación que en ellos corresponde al mismo.
La magistrada recurrió, previa solicitud del Ministerio Público, a la figura cautelar prevista en el inciso 1° del artículo 127 del Código Procesal Penal, razón por la cual no se avizora conculcación ilegal al derecho a la libertad personal y seguridad individual del amparado.
La norma pretende disminuir los tiempos de tramitación e incorporar elementos disuasivos más eficaces. Además de fortalecer atribuciones relativas al cumplimiento de medidas ordenadas por la DGA.
