El máximo Tribunal estimó que el aporte patronal no puede ser descontado de la indemnización por años de servicio del trabajador, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº19.728, en relación con el artículo 161 del Código del Trabajo.
Con la obstrucción del paso se provocó una afectación al derecho fundamental de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, N°2, de la Constitución.
Un 10% de los aportes públicos entregados a cada partido político debe ser utilizado para fomentar la participación política de las mujeres.
Si bien los Estados tienen una amplia discrecionalidad para determinar la pertinencia de sus esquemas de tributación, ello no es una facultad ilimitada ni está más allá del escrutinio judicial. Debe asegurarse de que las autoridades, ya fueran legislativas, ejecutivas o judiciales, tuvieran presente un equilibrio adecuado entre los intereses individuales y públicos, teniendo en cuenta las garantías procesales apropiadas.
El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que dispuso el pago indemnizatorio a los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos internacionales.
Mientras las aseguradoras plantearon sus posturas sobre «que la sentencia no las obligaría a devolver excedentes», ex autoridades de salud y parlamentarios hicieron un llamado a “cumplir todo el fallo” que emitió la justicia.
La iniciativa, que volvió a la Comisión de Gobierno Interior para la definición de su articulado, avanza en un perfeccionamiento del sistema de notificaciones, ampliando las alternativas vigentes.
En una nueva jornada, las comisiones de Constitución de la Cámara y el Senado continuaron con las exposiciones en torno al proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal.
Para permitir que el principio de probidad se haga realidad, la Ley adopta diversas medidas: establece inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos, describe conductas que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” y establece deberes positivos derivados de la probidad, como la necesidad de prestar ciertas declaraciones para acceder a cargos públicos.
En orden a dar mayor estabilidad a dichas designaciones, erigiéndolas en verdaderas políticas de Estado.
