Tribunal estimó que los hechos no son tan graves como para estimar un término justificado de la relación laboral.
Fallo destaca la celeridad de las medidas adoptadas por el ente edilicio que terminaron con la desvinculación de la jefatura directa de la denunciante.
El objetivo principal del proyecto ingresado es establecer una garantía de rentabilidad.
La recurrente estimó que se vulneró su garantía del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 23 y 26.
La gestión pendiente incide en autos de procedimiento especial de la Ley Nro. 20.609, seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que si no concurre ninguno de los defectos de constitucionalidad imputados, menos el precepto legal objeto de esta impugnación podría importar un atentado al núcleo esencial de los respectivos derechos o imponer a requirente exigencias que los hagan irrealizables.
Esto, a propósito de solicitud de una empresa reclamando en contra de Carabineros por haber declarado inadmisible su oferta presentada en el proceso licitatorio convocado para la adquisición de guantes de cuero tipo mosquetero para funciones de tránsito.
Esto, a propósito de solicitud de una exfuncionaria del Servicio Local de Educación Pública Huasco -SLEP-, quien reclama el entero de la asignación de Alta Dirección Pública -ADP-, cuyo pago le fue suspendido desde el mes de febrero de 2019.
La Magistratura constitucional sostuvo que es razonable que una persona cumpla un año de pena efectiva en relación con un tipo penal que puede quintuplicar esa penalidad, con el fin de proteger la vida de terceros.
El recurrente estimó que se vulneró las garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 3 inciso 5 y 11 inciso 4.
