La reclamante fue sancionada con cinco multas ascendentes a 250 UTM.
Las demandadas tenían una dirección laboral común.
La actora no acreditó indicios que permitieran estimar que su despido vulneró su integridad física y psíquica, ni su derecho a la honra.
Los trabajadores pueden acordar con sus empleadores trabajar a distancia y no hacer uso de licencia médica.
La sentencia explica que es irrazonable que el legislador garantice la grabación de la audiencia, independientemente de la autorización judicial y, al mismo tiempo, considere delito el uso de teléfonos celulares cuando el juez determine que no se ha de utilizar.
El ente contralor adujo esto, en la medida que se cumplan las condiciones que indica.
Es obligación de la universidad adoptar medidas con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de sus estudiantes.
El recurrente carece de un derecho indiscutido y preexistente que se pueda proteger mediante la acción de protección.
La rebaja de la cuantía de las penas a la que se refiere el artículo 65 del Código Penal es una atribución facultativa y no constituye un imperativo legal para los tribunales del fondo.
De esta manera, el máximo Tribunal español acogió el recurso de casación interpuesto por unos padres que denunciaron en abril de 1993 la desaparición de su hijo junto con su vehículo en Madrid y en donde la investigación identificó a los dos presuntos autores, uno de ellos procesado en rebeldía.
