El informe plantea que la finalidad del proyecto de ley es regular los derechos de filiación de los hijos/as nacidos con apoyo de técnicas de fertilización asistida respecto de la pareja de madres que se sometieron conjuntamente a dicho procedimiento, y no únicamente los de la madre.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rebajó la multa de 90 UTM aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida al construir y poner en funcionamiento pozo séptico sin autorización sanitaria.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida y ordenó la restitución del servicio suspendido y permitir el acceso a los espacios comunes.

El Tribunal no hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que la denunciada vulneró los derechos fundamentales de la demandante cuya remoción constituye un acto de discriminación grave, por lo que la funcionaria podrá optar entre la reincorporación al servicio o el pago de una indemnización.

La recurrente estimó vulnerada sus garantías constitucionales del debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y su derecho de propiedad.

La materia objeto del recurso de amparo en estudio no es de aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

La demandante dedujo como causal del recurso de nulidad, respecto de la primera multa, la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, y, respecto de las demás multas, la letra b) de la misma disposición.

El ente contralor indicó que las Corporaciones de Asistencia Judicial tienen la condición de servicios públicos descentralizados y, por ende, integran la Administración del Estado.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.