Según el tribunal se incurrió en «falta de servicio» en el presunto suicidio de una persona en una comisaría ocurrido en 2013.
El Tribunal condenó a clínica privada a pagar a la demandante la suma total de $72.245.957 por concepto de daño emergente y daño moral.
La instancia estará encargada de analizar el texto que busca, entre otros, eliminar la exigencia de una ordenanza para su autorización, conciliando el libre tránsito de personas con el derecho de los ciudadanos a proveerse de condiciones de mayor seguridad.
La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía con competencia en Familia de Cabrero.
La demandada había sido sancionada por la Inspección del Trabajo en razón de los mismos hechos.
El actor acreditó todos los indicios de subordinación y dependencia laboral.
La gestión pendiente incide en proceso seguido ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Coquimbo.
El actor no adoptó las medidas de seguridad ordenadas por la demandada y que otorgaban la seguridad que se requiere en el transporte público de pasajeros.
Las leyes N°18.575 y N°19.880 consignan el principio de impugnabilidad de los actos administrativos.
Al respecto, la Magistratura constitucional española adujo que no concurre una forma de discriminación directa de la etnia gitana, sino la consecuencia ordinaria de la propia decisión personal, libre y voluntaria de no acceder a alguna de aquellas fórmulas de constitución en Derecho para establecer el vínculo.
