El Tribunal acogió la denuncia de vulneración de derechos fundamentales, tras establecer que el despido del denunciante vulneró la garantía prevista en el artículo 19 número 5 de la Constitución Política de la República sobre «la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada».

Es importante destacar que Chile tiene un fuerte intercambio comercial con Noruega. Más de 40 empresas de esa nación mantienen actividades en nuestro territorio, la mayoría de ellas en el sector de acuicultura y pesca.

El máximo Tribunal revocó la sentencia recurrida y ordenó al establecimiento educacional identificar y sancionar a los agresores del alumno.

El Consejo para la Transparencia decidió que la entidad pública debe entregar copia de la nómina de internos recluidos en Colina 1 y Punta Peuco que cumplan condenas por delitos contra los Derechos Humanos, sin tarjar nombre y apellidos.

La fiscalía general norteamericana acaba de constatar la injerencia del Kremlin en los comicios de 2016, a través de diferentes estrategias de desinformación promovidas desde la red.

«El gobierno se expone a sufrir un desastre humanitario y las críticas internacionales si intenta devolver a cientos de miles de personas refugiadas a Somalia sin la consulta y planificación debidas y sin tener en cuenta su seguridad», sostuvo Irungu Houghton, director ejecutivo del organismo en ese país.

Amro está acusado de alterar el «orden público» con arreglo a la draconiana Ley de Delitos Electrónicos de Palestina, así como de «causar conflicto» e «insultar a las máximas autoridades», en aplicación del Código Penal jordano de 1960.

El Tribunal aplicó, además, a Pulgar Reyes la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, más el pago de las costas de la causa.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial y revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Chillán, que decretó el sobreseimiento por considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito.

En la resolución, la ministra Cifuentes acusó en calidad de autor del delito a Alfonso Faúndez Norambuena, teniente de Ejército a la época de los hechos.