Del tenor literal del documento parcialmente reproducido, se aprecia que el acto impugnado efectivamente es uno de aquellos denominados «Acto Trámite».
El ente contralor indicó que es posible concluir que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, se ajustó a derecho al denegar la solicitud de ampliación de plazo de paralización de operaciones del recurrente.
El autor indica que la mejor manera de coger el tren tecnológico no es perseguirlo, sino estar en la siguiente estación.
El máximo Tribunal señaló que el actuar de la recurrida vulneró la garantía del 19 artículo numeral 2 de la Constitución Política de la República.
La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Iquique, por recurso de nulidad.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía del Senado.
El máximo Tribunal estimó que el recurrente tiene un derecho de propiedad respecto al contrato de concesión.
Consta que el recurrente se identificó como un hombre trans con discapacidad auditiva.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
La gestión pendiente incide en autos civiles seguidos ante el 26° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación.
