Tiene como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente. Pronto entrará en operaciones en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El 2026 estará operativo en todo Chile, con la incorporación de Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins. 

En su comunicado Chile indica que: «Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación».

La magistrada acogió la acción de dos particulares, tras constatar que los contratos de compraventa, celebrados en marzo de 2016, nunca fueron legalizados por parte de la recurrida, cuyo plazo era de 30 días hábiles y que, por tanto, no se concretó la venta comprometida de los inmuebles ubicados en el barrio universitario de Concepción.

En la audiencia de formalización el magistrado onsideró que las cautelares impuestas resultan adecuadas y proporcionales, por ahora, para asegurar la comparecencia de la imputada al procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Los alegatos finales fueron entregados ante el Primer Tribunal Ambiental, el que deberá determinar si se configura o no el daño ambiental al acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo.

En el caso de las listas de espera, tenemos una regulación en materia GES, Ley 19.966, en cuanto a plazos y procedimientos ante incumplimientos respectivos, pero la crítica que se realiza constantemente es que en materia de salud el tiempo es de vital importancia para el tratamiento y reacción ante una patología, y por lo cual misma lógica se esperaría por parte de los prestadores ante reclamos e incumplimiento de plazos en la aplicación de atenciones médicas.

Patricio Cartagena, Secretario General de la Cámara Minera de Chile, señaló que “creemos que es un tema de la máxima relevancia para la industria minera, la Ley se encuentra vigente para las personas naturales y en septiembre 2024 se hará plenamente exigible para las personas jurídicas (empresas) y además, por las características productivas de la industria minera, que tiene un gran número de empresas vinculadas, con un modelo de gestión que integra a éstas en los procesos del negocio”.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, ya que sin fundamento racional, discrimina a quienes emitieron boletas de honorarios por otros montos diferentes a los que se consideraron para calcular el pago de licencia posnatal.

El no pago de licencias médicas repercute en el patrimonio de la actora el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo. Se ordena someter a la recurrente a un peritaje médico y luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta las licencias médicas.

No se vislumbra el cumplimiento del presupuesto de existir derechos indubitados si la actora alega que se le reconozca la prescripción adquisitiva extraordinaria sobre parte del inmueble lo que actualmente se discute en sede judicial, por lo que no es posible que sostenga exista vulneración del derecho de propiedad pues solo tiene una mera expectativa jurídica.