Los sentenciadores son soberanos para determinar la procedencia de las diferentes circunstancias atenuantes o agravantes de un delito.
La FIGC estará sujeta a las normas de adjudicación de contratos públicos cuando ejerza actividades de interés general que no un tengan carácter industrial o mercantil.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 30° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda y ordenó el pago de US$430.967,87, correspondiente al monto de la mercadería adeudada.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la AFP recurrida al retener parte del monto para dar cobertura a seguro de invalidez y sobrevivencia.
El Tribunal de alzada estimó que de acuerdo a las evidencias disponibles se podría configurar la hipótesis de legítima defensa.
La actora no logró probar los hechos en que fundó sus pretensiones.
La regulación constitucional de este y otros derechos fundamentales, debe realizarse en forma integral y concordante, con el objetivo de dar un sentido de unidad al régimen constitucional de los derechos.
El Tribunal estableció que la demandada no justificó la desvinculación de la trabajadora debido a la baja sostenida de las operaciones e ingresos que habría registrado la empresa por la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.
La inscripción es requisito, prueba y garantía de la posesión de un inmueble, por lo que su ausencia obsta la adquisición de su dominio.
El proceso se ha extendido por 12 años, los demandantes alegan que la venta fue forzada -por un precio equivalente a un tercio del valor real de la colección-, como parte de la campaña de la Alemania nazi para perseguir a la población judía y confiscar sus bienes.
