La reclamante indicó que la fiscalización efectuada con fecha 11 y 12 de noviembre de 2015, está constituida por una pléyade de vicios sustanciales.
Los requirentes estiman infringidos la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, el derecho de propiedad y la libertad para realizar cualquier actividad económica lícita.
El Minsal dispuso 260 mil test rápidos, los que en 15 minutos entregan el diagnóstico.
Los parlamentarios estiman pertinente avanzar en un mayor control y fiscalización de los establecimientos de larga estadía.
La iniciativa, que se encuentra con discusión inmediata, pretende reforzar el marco legal que rige a los documentos electrónicos, firma electrónica y servicio de certificación.
El máximo Tribunal ordenó al Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago la realización de un nuevo juicio, con jueces no inhabilitados.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida que mantiene retenido el vehículo.
El Tribunal acogió la demanda, tras establecer el actuar negligente del médico tratante, quien deberá pagar a la demandante la suma de $225.400, por concepto de daño emergente, y $35.000.000, por daño moral.
Tras la diligencia, el ministro Carroza precisó que «se realizó una inspección a los diferentes lugares donde permanecieron los estudiantes, tanto en la entrada como hasta el lugar donde fueron llevados para los efectos del tormento».
El Tribunal de alzada estableció que la difusión de los e-mails vulnera intimidad personal de los titulares.
