La medida constituye un acto de autotutela orientado a perseguir el pago de la deuda, hecho prohibido por nuestra legislación.
Si bien la recurrente sostuvo que presentaron un examen válido, ésta no logró acreditarlo en sede administrativa ni de otro orden.
El Tribunal de alzada estableció la improcedencia del descuento del supuesto adelanto, el que no contó con la aquiescencia ni con autorización escrita del trabajador.
El 31 de enero el Ministerio Público ordenó, mediante comunicado de prensa, la reanudación de los juicios orales en contra de las más de 30 personas presas políticas que permanecen en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial («El Chipote») y de aquellas que están bajo arresto domiciliar.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable e infringe sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.
La medida cautelar busca evitar que el funcionario porte cualquier tipo de armas fuera de su cuartel, en razón de los hechos violentos denunciados por su pareja.
La resolución emitida por la Dirección de Obras Municipales se encuentra debidamente motivada, pues invoca la norma pertinente y señala expresamente que no se acreditó la vigencia del permiso conforme lo establece la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.
Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el actuar que se objeta, el legislador ha dispuesto un procedimiento de lato conocimiento, destinado a esclarecerlos, que no puede ser sustituido por la vía de esta acción constitucional.
Un trabajador contratista demandó más de 200 millones de pesos en indemnizaciones, luego de sufrir un accidente de trayecto.
El Tribunal de alzada rechazó las acciones constitucionales que buscaban que se declaran nulas las resoluciones dictadas por el Juzgado de Garantía de Coquimbo que dieron lugar a la orden verbal de detención, ampliación de la detención y la internación provisoria de los imputados.
