La sentencia del máximo Tribunal confirmó que no existió una manifiesta vulneración de derechos constitucionales.
El recurrente indica que su interés radica en que se presentó como candidato a la reelección de su cargo directivo en el proceso electoral de la FESUC para el periodo 2018-2022, resultando electo.
El órgano contralor, precisó que el peticionario fue sorprendido en falta por un funcionario más antiguo, ante lo cual, no habría sido necesaria la realización de la indagación que se pretende.
No se justifica una duración de la causa superior a siete años, impulsada por paralizaciones que por su reiteración potencian sus consecuencias hasta sumar la inactividad durante más de tres años.
Las gestiones pendientes inciden en autos penales, seguidos ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, y un proceso sobre solicitud de desafuero.
La sentencia señala que la legislación vigente no resuelve la situación planteada, por lo que decidió recurriendo a principios generales del derecho y al sentido general de la legislación.
La decisión fue acordada con el salvamiento de los Magistrados Bernal, Linares, Lizarazo y Pardo.
El Tribunal de alzada confirmó en todo lo demás la resolución impugnada, dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago.
El informe sostiene que esta Corte no advierte dificultad alguna, desde que lo anterior claramente está concebido como una forma de protección a los menores y tiende a evitar definitivamente toda posibilidad interpretativa.
El máximo Tribunal confirmó la resolución apelada, dictada por la corte de Apelaciones de Santiago, que descartó actuar arbitrario de la administración de la comunidad Jardines Fray de León, de la comuna de Las Condes, al sancionar los arriendos de los inmuebles, a través de la aplicación.
