La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Carlos.
El fallo señala que la causal de necesidades de la empresa se ha entendido en forma objetiva, esto es, que deben darse ciertas condiciones graves y permanentes en la empresa para poner término al contrato, es decir, condiciones de la empresa no del trabajador, por ello no dependen de la mera voluntad del empleador.
TRICEL señaló que la falta de legitimación activa del requirente por haber sido presentado el requerimiento por abogada patrocinante y no por el mismo Alcalde carece de asidero y de todo sustento.
Con posterioridad a la primera consulta, en la que cual no se constató otra afección cardiaca que la lesión antigua producto de un infarto previo, se realizaron al paciente tres bypass coronarios, de forma tal que fue asistido profesionalmente.
Fundada en la imposibilidad de trasladarse de otra ciudad a dependencias del tribunal debido al temor y riesgo de contagio de Covid-19. El tribunal debió proponer otras opciones para llevar a cabo de la audiencia.
La Magistratura señala que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC ?ya que el precepto impugnado no es decisivo en la resolución del asunto concernido en la gestión judicial invocada, y que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible.
La Magistratura Constitucional declaró inadmisible el requerimiento, por cuanto concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC, en relación con el artículo 93 de la CPR, ya que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible.
El laudo constitucional indica que no se produce una privación del derecho de propiedad y que tampoco se verifica en el caso concreto una vulneración al debido proceso.
La sentencia señala que se configura la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC, generando la improcedencia del requerimiento.
Considera apropiado, en un espíritu de colaboración institucional y respetando los límites de sus poderes, posponer la decisión de las consultas de constitucionalidad para permitir que el legislador apruebe mientras tanto una nueva regulación, en línea con los principios constitucionales y convencionales.
