La sentencia señaló que no se cumplen los requisitos de procesabilidad para efectos de que la reclamación del artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 pueda prosperar.
La sentencia detalla que las resoluciones, así como el procedimiento que llevó a su dictación, serían ilegales pues fueron dictadas sin previa audiencia de las reclamantes y, además, ponderaron de forma errada los antecedentes relativos al cumplimiento del Programa y el plazo asociado a la acción 1.6, que establecía un plazo estimado de 18 meses para la obtención de una resolución de calificación ambiental para el proyecto.
El máximo Tribunal descartó error en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda de cobro de pesos deducida por el Fisco.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la resolución recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que estableció que la recurrente no acreditó título para ocupar el inmueble.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la clínica al condicionar la continuidad del tratamiento a la suscripción de documentos de pago.
La Comisión determinó la “responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad, libertad de pensamiento y expresión y a la protección judicial.
El Tribunal de alzada hizo lugar a la acción cautelar deducida y revocó la resolución dictada el jueves 27 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco, ordenando el arresto total del teniente coronel, por considerar que dicha medida garantiza en esta etapa procesal, los fines del procedimiento.
El Tribual estableció que la demandada no fundamentó la causal esgrimida en la carta de despido de la trabajadora.
