Al existir una presunción de legitimidad en virtud de la fe pública emanada de los actos de citación, estos no pueden ser objetados sin demostrar lo contrario.
El tribunal decretó, además, la prohibición al sentenciado de aproximarse a las víctimas, visitar sus domicilios, lugar de trabajo o establecimiento educacional durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena privativa de libertad.
El Tribunal de alzada estableció la existencia de una relación laboral de larga data entre las partes y no la asignación de tareas puntuales y específicas.
En la oportunidad, el diputado Vlado Mirosevic interrogó sobre las políticas que emprendió o emprenderá el Gobierno para responder a la crisis humanitaria en este contexto; las medidas para evitar un ambiente social de odio; y la coherencia entre la política migratoria del Gobierno con las señales internacionales dadas por el Presidente de la República.
De manera inédita, el Congreso Virtual, abrió una consulta ciudadana donde las personas podrán participar dando su opinión y votando sobre la iniciativa.
El Tribunal de alzada consideró que la conducta sancionada se ajusta a la norma legal, al haber afectado la emisión cuestionada la dignidad de la familia del niño y, especialmente del tío abuelo que fue sindicado inicialmente, como responsable de la muerte del menor.
El inmueble ocupado fue el ‘hogar común’ de las partes en los términos del artículo 131 del Código Civil, por lo que su permanencia no es por mera tolerancia del dueño, sino que por disposición legal.
La conducta denunciada vulneró la privacidad del actor.
El recurrido dio un uso abusivo y desproporcionado al mandato otorgado por el actor.
No obstante, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público por la eventual configuración de un delito.
